México a miércoles 21 de enero del 2026 º Entró en vigor la reforma impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum que modifica las reglas de operación del Fondo de Salud para el Bienestar, eliminando la prioridad legal para la atención de enfermedades de alto costo y permitiendo que parte de sus recursos sean redirigidos al gasto corriente del gobierno federal.
Con los cambios aprobados, se elimina la disposición que destinaba de manera obligatoria el 8 por ciento del Fondo a financiar tratamientos de padecimientos graves, como cáncer y otras enfermedades de alto impacto, principalmente para la población sin seguridad social. A partir de ahora, la asignación de los recursos quedará sujeta a las decisiones de un Comité Técnico integrado por representantes del propio gobierno.
De acuerdo con lo establecido en la reforma, este comité será el encargado de definir qué enfermedades y qué pacientes podrán acceder a la atención médica con cargo al Fondo, lo que ha generado preocupación entre especialistas y organizaciones civiles, quienes advierten que se pierde la garantía legal que protegía a personas sin afiliación a sistemas de seguridad social.
El Fondo de Salud para el Bienestar, anteriormente conocido como Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos del Seguro Popular, fue creado con el objetivo de financiar tratamientos de alta especialidad. Sin embargo, la Auditoría Superior de la Federación ha señalado inconsistencias en el manejo de sus recursos. En 2024, más de 15 mil 800 millones de pesos del patrimonio del Fondo fueron transferidos a la Tesorería de la Federación, mientras que únicamente 875 millones se destinaron a la atención de enfermedades de alto costo.
Críticos de la reforma advierten que, una vez transferidos a la Tesorería, los recursos pierden trazabilidad, lo que dificulta verificar su destino final. Señalan que esta modificación podría profundizar la crisis en el sistema de salud, en un contexto marcado por denuncias de desabasto de medicamentos y retrasos en cirugías.
Por su parte, el gobierno federal ha sostenido que los cambios buscan una administración más flexible de los recursos públicos. No obstante, sectores médicos y sociales han advertido que la eliminación de reglas claras pone en riesgo el acceso a tratamientos especializados para miles de pacientes que dependen de este Fondo para ejercer su derecho a la salud.
