Querétaro a 26 de mayo del 2026 º Luego de que el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González vetara la Ley de Identidad de Género recientemente aprobada por la LXI Legislatura del estado, la Defensoría de los Derechos Humanos recuerda le recuerda al gobierno local, que esta “obligado” de garantizar que toda persona pueda ver reconocida su identidad sin más límite que su propia dignidad.
“El control de convencionalidad, consolidado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y asumido por México como parte de su ordenamiento jurídico interno a partir de la reforma constitucional de 2011, obliga a todas las autoridades del país a interpretar y aplicar las normas conforme a los tratados internacionales de derechos humanos. En esa lógica, el derecho al libre desarrollo de la personalidad, desarrollado por la jurisprudencia de la SCJN y derivado del principio de dignidad humana impone al Estado la obligación de garantizar que toda persona pueda ver reconocida su identidad sin más límite que su propia dignidad.
El reconocimiento de la identidad de género no constituye una concesión discrecional del Estado, es un mandato jurídico obligatorio derivado del bloque de constitucionalidad y convencionalidad en materia de derechos humanos.
El reconocimiento legal de la identidad de género es una condición indispensable para el ejercicio pleno de los derechos humanos. Sin ese reconocimiento, las personas se enfrentarían a una contradicción cotidiana: existen en la vida social, en sus familias y en sus comunidades, pero en el Estado no tendría un reflejo que las reconozca tal como son.
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Atender esa brecha es una obligación jurídica derivada del parámetro de control de regularidad constitucional que vincula a todas las instituciones
del Estado mexicano.
La Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro impulsó esta iniciativa de ley con plena conciencia de ese marco normativo. A lo largo de todo el proceso legislativo, esta institución brindó acompañamiento técnico y jurídico permanente en la construcción y revisión de la iniciativa, aportó argumentación constitucional y convencional, estuvo presente en cada etapa del proceso y puso a disposición de la Legislatura del Estado su capacidad institucional para garantizar que el instrumento normativo respondiera con rigor a los estándares sobre derechos humanos que el ordenamiento jurídico impone. Ese acompañamiento no concluye con la aprobación de la ley; continúa en cada etapa que el proceso legislativo demande.
Respecto de la facultad prevista en el marco constitucional del Estado de Querétaro para formular observaciones a un instrumento normativo, esta
Defensoría reconoce y respeta que se trata de una atribución constitucional del Poder Ejecutivo. Las instituciones funcionan cuando cada poder ejerce sus facultades conforme a derecho, principio que esta Defensoría sostiene
sin reservas.
En ese mismo espíritu institucional, es importante que el debate público se sostenga sobre el contenido del proyecto de ley aprobado. Esta Defensoría se reserva un pronunciamiento más específico sobre las observaciones una vez que sean conocidas en su integridad, y reitera su disposición de contribuir técnica y jurídicamente a ese análisis en la etapa que corresponda.
El proceso legislativo continuará su curso conforme a la normatividad vigente, y esta institución acompaña ese proceso con respeto y con la certeza de que los cauces institucionales son el camino correcto.
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Esta institución seguirá atenta al desarrollo del proceso legislativo y determinará, conforme a su resultado, las acciones que procedan en el ámbito de sus competencias. Nuestra posición es y seguirá siendo la misma: el respeto irrestricto a los derechos humanos de todas las personas, el apego al marco constitucional y convencional, y el acompañamiento permanente a quienes más lo necesitan, a través de los cauces institucionales que el ordenamiento jurídico establece.
Esta Defensoría continuará tendiendo los puentes necesarios para que ese camino sea posible.
Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro”. Señaló a través de un comunicado oficial.
